Rama Judicial

Bogotá, D.C. febrero 19 de 2025. Ante los siete magistrados titulares de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, incluidos su presidente Mauricio Rodríguez Tamayo, y su vicepresidente, Carlos Arturo Ramírez Vásquez, al igual que la magistrada Claudia Regina Expósito del Consejo Superior de la Judicatura como invitada especial, tomaron posesión de su cargo los nuevos conjueces de la Alta Corte, quienes ejercerán sus funciones durante la vigencia de 2025.

Se trata de 21 reconocidos juristas, quienes han ocupado las más altas dignidades del país y llegan a la jurisdicción disciplinaria para aportar su conocimiento y experiencia, además de intervenir y administrar justicia cuando por alguna razón los magistrados titulares no puedan participar de un proceso y se requiera su concurso.

Durante el acto oficial de posesión, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial tomó el juramento a los nuevos integrantes de la Corte y dijo que “hoy los conjueces asumen una alta responsabilidad y honor que los involucra en el propósito de materializar el acceso a la justicia como un derecho de los ciudadanos”.

El magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo afirmó que Colombia está en un momento crucial de la historia en el que los conjueces deben ser también guardianes de la justicia. “Con sabiduría, integridad, imparcialidad y un profundo compromiso, ustedes están llamados a ser defensores de la Constitución y de las leyes. Ustedes señores y señoras conjueces nos ayudarán a afianzar el enfoque de la Comisión de Disciplina Judicial como una Corte de la gente y para la gente”, agregó.

Perfiles de los Conjueces

El siguiente es el listado de los distinguidos Conjueces y el resumen de su trayectoria profesional:

Edgardo José Maya Villazón

Estudió en el Gimnasio Moderno de Bogotá. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia, donde también realizó estudios de postgrado en Derecho laboral y Seguridad social.

Empezó como abogado litigante en Valledupar, donde fue director regional del Instituto de Seguros Sociales. Más tarde fue nombrado Presidente del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC). Fue profesor de leyes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Universidad Externado de Colombia., concejal de Valledupar y diputado del Cesar.

Luego se desempeñó como magistrado auxiliar de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Fue nombrado procurador general de la Nación para el periodo 2001-2005 y en agosto de 2014 fue elegido contralor general de la República.

Hernando de Jesús Herrera Mercado

Abogado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, especialista en Relaciones Internacionales y Negociación, y experto en contratación, arbitraje y procedimiento arbitral y derecho constitucional.

Con amplia Posee experiencia en cargos directivos de alta responsabilidad legal del sector privado y estatal. Se ha desempeñado como Presidente de la Corporación Excelencia en la Justicia, Presidente de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, Conjuez de la Sección Tercera del Consejo de Estado, Conjuez de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, Árbitro inscrito en importantes centros nacionales e internacionales -incluida la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial- e integrante de más de un centenar de trámites arbitrales y paneles de amigable composición en materia de contratación pública y privada.

Conjuez de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, Catedrático de pregrado y especializaciones en las universidades: Externado, Javeriana, Rosario y Sabana, Director de Maestría en la Universidad del Rosario, Presidente (E) y Secretario General de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones -Telecom, Miembro de la Corte de Arbitraje del Centro de Arbitraje y Amigable Composición de la Asociación de Exmagistrados de las Cortes.

Además es colaborador, columnista y analista habitual en temas de justicia y derecho de diversos medios de comunicación como Caracol Radio, El Tiempo y Ámbito Jurídico.

Carlos Andrés Núñez de León

Abogado rosarista con estudios de especialización en derecho penal, magister y doctorando en derecho administrativo. Con más de 15 años de experiencia en el ejercicio profesional del derecho, como litigante en derecho penal y derecho administrativo y como directivo de distintas entidades públicas y privadas del sector infraestructura, minero energético, gas y servicios públicos. Con amplia experiencia en asesoría legal, estructuración, financiamiento y ejecución de proyectos, procesos de licenciamiento ambiental y de consulta previa con comunidades étnicas. Cuenta con experiencia académica y docente, y con publicaciones y artículos en materia jurídica y de infraestructura. Actualmente es el presidente del Colegio Colombiano de Abogados Administrativistas.

José Francisco Castillo Tuirán

Abogado de la Universidad Católica de Bogotá, y Filósofo de la Universidad Santo Tomás. Cursa estudios de Historia y Geografía en la Universidad de la Rioja.

Se ha desempeñado como abogado penalista por 20 años, Director de la Cárcel de Ternera en Cartagena, Contralor Departamental del Atlántico, Director Seccional de Fiscalía en el Atlántico, Director Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Bolívar, Conjuez del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, así como también de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Docente universitario por más de 18 años en derecho penal, en las Universidades Libre de Barranquilla, en la Universidad del Norte y en la Universidad de Cartagena.

César Augusto Duarte Acosta

Ha laborado en la jurisdicción contenciosa administrativa: como juez, magistrado de tribunal y magistrado auxiliar del Consejo de Estado, perfil que se amalgama con la autoría de obras en materia disciplinaria, la docencia en esta área, preventiva y contractual en el Instituto de Estudios del Ministerio Público, en pregrado y posgrado, así como en algunas universidades, todo durante más de cuatro décadas

Gilberto Alonso Ramírez Huertas

Abogado desde 1991, especialista en derecho probatorio, magister en derechos humanos, director de posgrados y maestrías de la Universidad Católica desde el 2003, abogado litigante desde 1993. Ha publicado varios libros y artículos sobre la importancia de los derechos humanos en la educación y en los enfoques internacionales de diferentes organismos como la CIDH y la Corte Penal Internacional. Ha sido conjuez del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca por varios periodos, así como de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Roberto Augusto Serrato Valdés

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás y Magíster en Derecho con énfasis en Derecho Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda.

Tiene cursos de postgrado en Derecho Constitucional de la Universidad de Salamanca (España). Es experto en mecanismos alternativos de solución de conflictos, en especial en el manejo de la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso-administrativo y en temas de arbitraje estatal y amigable composición, al igual que sobre declaraciones de bienes y rentas.

Fue Procurador delegado para la Conciliación Administrativa, Procurador delegado ante el Consejo de Estado, Procurador ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Procurador delegado para la defensa de los Derechos Humanos, Abogado litigante y Docente en diferentes universidades del país.

Jorge Orlando Alarcón Niño

Abogado litigante en derecho administrativo por más de 40 años, y presidente Nacional de la Universidad Libre por un espacio de 9 años.

Liliana Rosa Cardona Chagüi

Abogada con más de 25 años de experiencia en el ejercicio profesional, tomó posesión como Delegada Primera de Investigación y Juzgamiento Penal de la Procuraduría General de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia. Fue Gerente Jurídica de la Universidad Autónoma del Caribe. También ha sido conjuez del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. Es magíster en Derecho con énfasis en Derecho Comercial, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Comercial y Marítimo.

Adriana Consuelo López Martínez

Abogada Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho de los seguros de la misma Universidad y Derecho Internacional Privado en Paris. Ha sido Abogada del departamento de Litigios CAVALIER ABOGADOS, Directora del departamento de Litigios de GÓMEZ PINZON & ASOCIADOS, Directora del departamento de Litigios JOSE LLOREDA CAMACHO &CO, Personera Auxiliar de Bogotá y Socia Fundadora de la Firma LOPEZ ABOGADOS SAS.

Profesora titular de la Catedra de Derecho Procesal Civil General y Especial de la Universidad Javeriana y Profesora de la Especialización de Propiedad Industrial y de Seguros de la Universidad Externado de Colombia.

Arbitro de la lista A del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Arbitro de las Cámaras de Comercio de Medellín, Cali, y Amigable componedor de Bogotá. Adicionalmente hace parte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

Claudia Dangond Gibsone

Abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, con más de 30 años de experiencia en diversas áreas del derecho público: constitucional, administrativo, internacional y disciplinario. Actualmente es la Directora del Departamento de Derecho Público de DG&A Abogados.

Tiene estudios de Maestría en Políticas de Desarrollo para América Latina del London School of Economicsand Political Science, y de Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Javeriana, además de una especialización en derecho administrativo.

Fue sustanciadora de la Corte Constitucional, asesora de la Asamblea Nacional Constituyente, Asesora del Ministerio de Agricultura, Asesora del Ministerio de Desarrollo Económico y Directora de Inversión Extranjera del Ministerio de Comercio Exterior, entre otros.

Desde 2021 es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

María Helena Giraldo Aristizábal

Abogada egresada de la Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en Socioeconomía de la misma Universidad. Experta en derecho comercial y administrativo, con amplia experiencia en el sector público y privado.

Ha dirigido programas de posgrado en la Universidad Javeriana en minas, energía y petróleos y ha sido asesora externa de la misma Universidad y de varias empresas del sector real y financiero.

Con estudios en resolución de conflictos, arbitraje nacional e internacional, mediadora de las Cámaras de Comercio de Bogotá y Cartagena y miembro de la lista “A” como Promotora y liquidadora de la Superintendencia de Sociedades.

Rubén Darío Acosta Ortiz

Abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, Especialista en Derecho Penal y Criminología. Egresado de la Maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Cuenta con cursos en Derecho Procesal en Alcalá de Henares (España), en Ciencias Penales en Göttingen y Würzburg (Alemania), en en Derechos Humanos y Control de Convencionalidad en Bolonia (Italia), y en Derechos Humanos en la Escuela Superior de Administración Pública (Colombia). Se ha desempeñado como asesor jurídico en varias entidades públicas, Conjuez del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San José del Guaviare y abogado asociado de la firma Trespalacios Defensa Corporativa. Actualmente, es director del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos CESJUL y vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas de Colombia, del cual también es fundador.

Orlando Diaz Atehortúa

Profesor de derecho disciplinario en pregrado Universidad de Cartagena y de Posgrado en la Universidad de Santiago de Cali. Especialista en derecho penal y criminalística de la Universidad de Medellín.

Magister en derecho procesal contemporáneo de la Universidad de Medellín. Se desempeñó como Juez desde el año 1986 hasta el año 2007. Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en la seccional de Pasto Nariño del 20O7 al 2010.

Magistrado de la Comisión Seccional De Disciplina Judicial de Bolívar del 2010 al año 2024. Premio talid mejor funcionario judicial del Departamento de Bolívar Año 2022. Actualmente se encuentra en la edición de un libro de derecho disciplinario

Sergio Enrique Ortiz Gil

Abogado titulado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad de Medellín, especialista en Contratación Estatal de la Universidad de Medellín, conferencista en Derecho Disciplinario de Servidores Públicos.

Con experiencia en la materia como Director de Control Interno Disciplinario en la Gobernación de Antioquia, Fundador de la firma de abogados PUNTO JURÍDICO GROUP, abogado asesor y litigante en Derecho Administrativo, Contratación Estatal y Derecho Disciplinario, además Técnico en Avalúos de bienes muebles e Inmuebles Urbanos y Rurales, y Técnico en Estudios Catastrales.

Irma Solangel Torres Vega

Abogada de la Universidad Externado de Colombia, con amplia experiencia en el sector público y privado, especializada en derecho administrativo y procesal, con Magister en Gobierno y Políticas Públicas. Ha trabajado en el litigio en áreas de Derecho Administrativo, Disciplinario y Fiscal. Experiencia en licitaciones, concursos y contratación estatal.

Abogada externa y contratista para diversas entidades gubernamentales, incluyendo el INVIAS, la Contraloría General de la República y el ICFES.

Se ha desempeñado como Conjuez de la Comisión Nacional de Disciplina judicial desde 2021.

Magnolia Valencia González

Abogada de la Universidad La Gran Colombia. Especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Tomás. Especialista en Derecho Comercial. De la misma universidad. Candidata a Magister en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica en la Universidad Libre de Colombia.

Con más de 20 años de experiencia en el sector público y privado, ha sido asesora en temas do Contratación Estatal en entidades como la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Empresa de Renovación Urbana, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, la Secretaría Distrital de Movilidad, la Defensoría del Pueblo y la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía Nacional entre otras entidades. Actualmente es consultora en Derecho Público y Comercial.

Marlon Fernando Díaz Ortega

Abogado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Sociología Jurídica y Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la misma casa de estudios. Docente e investigador de varias facultades de Derecho en universidades de Bogotá y la Costa Caribe. Capacitador del Instituto de Estudios del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

Ha publicado artículos especializados en revistas internacionales y nacionales. Fue Procurador Judicial II Penal en Bogotá por varios años, y actualmente es Conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, miembro de la Oficina de Primera Instancia de Licenciamiento de la DIMAYOR y fundador y Director de la firma de abogados MARLON DÍAZ ABOGADOS S.A.S.

Juan José Gómez Urueña

Abogado de la Universidad Externado de Colombia con especializaciones en Derecho Penal y en Contratación Estatal y maestría en Estado de Derecho y Corrupción de la Universidad de Salamanca. Abogado litigante y asesor de diversas entidades públicas en derecho disciplinario, fiscal y penal.

A esta lista se agregan los nombres de dos connotados abogados de amplio recorrido en el sector público, y quienes no pudieron acudir a la ceremonia de posesión en el Palacio de Justicia:

Luis Felipe Henao

Abogado, ex ministro, ex candidato a Procurador y columnista.

Lucy Jeanette Bermúdez

Abogada, ex presidenta del Consejo de Estado, exmagistrada, exprocuradora delegada y candidata a Procuradora General y experta en auditoría de procesos de gestión de calidad. 

• Así lo estableció la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al dirimir un conflicto entre la Seccional Bogotá y la Secretaría de Integración Social del Distrito. 

Bogotá, D.C. febrero 21 de 2025. Al dirimir un conflicto de competencias negativo suscitado entre la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y la Secretaría de Integración Social del Distrito, para investigar una posible irregularidad cometida en el desarrollo de un procedimiento adelantado por una comisaría de familia, al imponer una medida de protección en un caso de violencia intrafamiliar, la Alta Corte estableció los lineamientos para definir cuándo estos servidores públicos deberán ser investigados por las oficinas de control interno disciplinario de las entidades territoriales y en qué eventos por la Jurisdicción Disciplinaria.

En la decisión con ponencia del Magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez, Vicepresidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, fue explicado que desde el año 1996 con la expedición de la Ley 270, la facultad para disciplinar a todos aquellos que ejerzan función jurisdiccional, de forma transitoria u ocasional, sin importar si se trata de funcionarios judiciales o autoridades administrativas, está en cabeza de la jurisdicción disciplinaria, lo cual fue reiterado en la reforma realizada a esta legislación el año pasado, a través de la Ley 2430 de 2024.

Fue resaltado que “las comisarías de familia ejercen funciones mixtas y, por consiguiente, es imprescindible verificar cuándo se está frente a actuaciones administrativas, como el desarrollo de la política institucional dirigida a la atención y protección de la familia, los niños, niñas y adolescentes”, ya que en estos casos, la investigación disciplinaria corresponde a las oficinas de control interno disciplinario.

Sin embargo, cuando las conductas están vinculadas a la imposición de medidas de protección, sean estas de carácter provisional o definitivas, relacionadas con la prevención de actos de violencia intrafamiliar, la competencia estará en cabeza de las comisiones seccionales de disciplina judicial.

La decisión se desprende de un caso de violencia intrafamiliar ocurrido en la localidad de Fontibón.

• La funcionaria fue acusada por una ex patrullera de la Policía que, al parecer hacía parte de la red ilegal, por violar su derecho a la intimidad.

• También fue reprochada la actuación de una fiscal delegada por hechos similares relacionados con el mismo asunto.

• La quejosa, Daniela Echeverry, fue imputada por los delitos de trata de personas e inducción a la prostitución.

Bogotá, D.C. 24 de Febrero de 2025. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la decisión de primera instancia que ordenó poner fin a la actuación contra la Fiscal 16 Seccional de Violencia y Género de Bogotá, Edna Elizabeth Espejo, y contra la Fiscal Delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Fernanda Obando, acusadas de violar el derecho a la intimidad de una ex patrullera de la Policía Nacional, involucrada en un grave caso de trata de personas en la ciudad de Cartagena.

Daniela Echeverry, quien fue capturada el 18 de diciembre de 2022, reprochó la actuación de las funcionarias indicando que la doctora Espejo, en desarrollo de una audiencia, mostró imágenes de ella teniendo actos sexuales como parte de una prueba construida por la Fiscalía, lo cual a su juicio violaba su derecho a la intimidad. En relación con la Fiscal Delegada para la Seguridad Territorial, Luisa Fernanda Obando, alegó que expuso su caso ante los medios de comunicación mostrando con su declaración elementos materiales probatorios que hacían parte de la imputación del delito por el cual era procesada.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial dejó en firme la decisión adoptada en favor de la Fiscal 16 Seccional de Violencia y Género de Bogotá, al considerar que la proyección del video al que hace referencia la quejosa tuvo razón de ser en la solicitud de una medida de aseguramiento presentada por la Fiscalía, con la cual se pretendía demostrar la conducta por la cual se estaba procesando a Daniela Echeverry.

La Corte Disciplinaria explicó que el video fue reproducido por el personal técnico de la Fiscalía y no por la doctora Espejo, quien de manera conjunta con el juez de conocimiento llamaron la atención para que no se mostraran las imágenes, evitando causar un menoscabo al derecho a la intimidad de la procesada, por lo que inmediatamente la reproducción fue suspendida.

La Alta Corte consideró además que, contrario a lo estimado por la recurrente, tanto la fiscal como el juez procuraron garantizar sus derechos, quedando descartada una conducta de relevancia disciplinaria.

En relación con la fiscal Luisa Fernanda Obando, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en fallo con ponencia del magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla, dispuso decretar la nulidad de lo actuado a partir del auto que ordenó la apertura de investigación en su contra, teniendo en cuenta que no existía competencia de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar para conocer del asunto, en razón al cargo que ostentaba la funcionaria cuando ocurrieron los hechos, situación que configura una irregularidad sustancial que impone la declaratoria oficiosa.

• La iniciativa, impulsada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y firmada por la Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación y 35 congresistas, busca que las personas engañadas en el marco de un proceso judicial tengan acceso a la reparación económica.

• La medida obliga a la restitución de recursos, inmuebles y documentos de propiedad de las personas.

• Habrá un mecanismo de verificación de cumplimiento para garantizar la justa reparación de los afectados..

Bogotá, D.C. 25 de Febrero de 2025. Con la presencia de algunos magistrados de la jurisdicción disciplinaria y el acompañamiento de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de reforma a la Ley 1123 de 2007, mediante el cual la Corporación podrá ordenar la devolución de aquellos dineros, bienes o documentos ilegalmente retenidos por abogados en medio de procesos judiciales.

Actualmente, la Corte Disciplinaria investiga y sanciona a quienes mediante engaños o maniobras encaminadas a favorecer sus intereses particulares, se apropian de lo que por derecho les corresponde a sus clientes, y que es resultado del reclamo justo que promueven ante los estrados para hacer valer sus derechos, ya sea en medio de una demanda u otro tipo de recursos.

Desde su creación en 2021, y con corte a 31 de enero de este año, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ha impuesto 5.878 sanciones, 5.461 contra abogados y 417 contra funcionarios de la Rama Judicial. Durante 2024 se aplicaron 1.888 sanciones, de ellas 1.840 contra abogados y 48 a funcionarios. En ese período la Corte ha registrado 13.379 infracciones a la ley disciplinaria, más del 80 por ciento contra los deberes consagrados en la Ley 1123 de 2007, la misma que se reforma a través del proyecto radicado este martes.

Cabe señalar que la mayoría de las sanciones, las cuales van desde la censura hasta la exclusión, pasando por la suspensión, están relacionadas con faltas a la diligencia y faltas a la honradez y lealtad con los clientes. De hecho, por esas dos causales son más de 5 mil las infracciones reportadas, es decir casi el 50 por ciento del total.

Actualmente, la Comisión investiga y sanciona a los responsables de estas conductas, pero para efectos de la devolución de sus propiedades, los ciudadanos deben acudir a otros mecanismos legales. Con esta iniciativa legislativa de carácter ordinario, la Corte queda facultada para incorporar en sus fallos la orden de devolución de esos bienes, llámense dinero, predios o documentos.

El proyecto, que cuenta con las firmas de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo; el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco y 35 congresistas de diferentes partidos, supone dos etapas fundamentales: una, anterior a la decisión de la jurisdicción disciplinaria, para que las partes tengan un escenario de conciliación, de cuyo resultado dependerá el sentido y trasfondo de la sentencia definitiva. Y una segunda, de verificación al cumplimiento, con la cual la Corporación hará seguimiento a la orden impartida para garantizar que el ciudadano reciba lo que le corresponde.

“Se trata de un paso histórico que nos acerca al propósito de consolidar una justicia para la gente”, manifestó el magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo, presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quien agradeció el respaldo de sus compañeros de Sala, de los presidentes de las Altas Cortes, así como de los órganos de control, e hizo un llamado para que el Congreso de la República tramite y saque adelante esta iniciativa en beneficio de los colombianos.  

Bogotá D.C. febrero 14 de 2025. Con éxito se cumplió el primer gran evento de la Rama Judicial en 2025. Se trató de una jornada académica, pero con un enfoque y propósito diferente.

Bajo el título “Los retos de la justicia: acercando las instituciones a las personas”, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial convocó a los líderes más importantes del Estado en la administración de justicia, para aterrizar la labor de cada una de sus entidades a las expectativas de los ciudadanos.

Tan es así que durante sus palabras de instalación, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dijo: “La razón de estar aquí tiene que ver con la importancia de acercar la justicia a la gente, la importancia de que las Altas Cortes como máximos representantes de la Rama, muestren a través de su trabajo que Colombia va más allá de la Plaza de Bolívar en Bogotá, que hay un país diverso y desigual, y que la tarea consiste en responder a las necesidades de esa sociedad diversa y con tantas desigualdades”.

El magistrado Mauricio Rodríguez Tamayo enfatizó en la urgencia de posicionar la jurisdicción disciplinaria desde el punto de vista técnico, el respeto por la Constitución y el deber de garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos, de tal forma que reivindique sus derechos a través de las herramientas legales con que cuenta para ejercer un control disciplinario estricto, concreto y masivo.

El evento, realizado en Sabanalarga (Atlántico), de donde es oriundo el presidente de la Corte Disciplinaria contó con la participación del presidente del Congreso, Efraín Cepeda Sarabia; la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco; y los presidentes y vicepresidentes de las Altas Cortes, quienes ofrecieron su visión alrededor de ese propósito planteado por la Comisión De Disciplina Judicial.

La actividad, que contó con la participación presencial de más de 150 personas, y que fue transmitida en vivo y en directo por las redes sociales de la Comisión y a través de Telecaribe y el Canal del Congreso, comenzó con un saludo de las autoridades territoriales, en cabeza del alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, siguió con algunas condecoraciones entregadas por la administración municipal a las altas dignidades y culminó con la intervención magistral de cada uno de los invitados especiales.

La jornada, durante la cual se entregó la última edición del Código Disciplinario a los estudiantes de derecho de la Universidad del Atlántico, tuvo un epílogo histórico y de alta significación para Sabanalrga y para el departamento del Atlántico, al realizarse la primera Sala Plena Ordinaria de Magistrados en ese territorio.

Intervenciones magistrales.

En desarrollo del evento “Los restos de la justicia: acercando las instituciones a las personas”, el auditorio y quienes se conectaron a la transmisión en vivo por Telecaribe, el Canal Congreso y las redes sociales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, fueron testigos de mensajes contundentes, aleccionadores y alineados a las necesidades de un país que clama justicia en diferentes ámbitos.

• Efraín Cepeda, Presidente del Congreso: “La historia sabrá reconocer cómo ustedes afrontan la difícil coyuntura por la que atraviesa la institucionalidad en estos momentos. Ustedes cuentan con el Congreso de la República y estamos atentos a oír sus propuestas en beneficio de la Rama Judicial. La justicia es el instrumento más poderoso para cambiar el mundo”.

• Luz Adriana Camargo, Fiscal General de la Nación: “Tenemos muchas metas importantes, queremos derrotar el crimen organizado, queremos ser efectivos frente a la situación de violencia generalizada en algunas regiones; pero si nosotros sólo lográramos cambiar la manera de atender al ciudadano, entender que esa persona llega con una necesidad que podemos satisfacer a través de una medida de restablecimiento pronta, si pudiéramos hacer eso, habríamos cambiado la Fiscalía”.

• Gregorio Eljach Pacheco, Procurador General de la Nación: “Nosotros, los seres humanos, somos los que hacemos las instituciones, somos lo que permitimos o no que las cosas funcionen, que se hagan bien y lleguen a feliz término. Por eso quiero darles un especial saludo a todos y decirles desde la humildad que hombres como Mauricio Rodríguez Tamayo son dignos de aplaudir y admirar”.

• Magistrado Octavio Augusto Tejeiro Duque, Presidente de la Corte Suprema de Justicia: “La independencia judicial debe ser protegida por todas y por todos, porque los jueces son la garantía de la ciudadanía, de la democracia y de la justicia. Si el gran protector de los ciudadanos es el juez, la sociedad debe ser la gran protectora de sus jueces”.

• Magistrado Jorge Enrique Vallejo, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura: “Entendemos que servir a los servidores judiciales es la mejor manera de servir a los ciudadanos, y al mismo tiempo la mejor manera de construir Patria, sociedad y Estado de derecho. Servirle a los servidores judiciales es nuestra razón de ser”:

• Magistrada Paola Meneses, Vicepresidenta de la Corte Constitucional: “Muestra de esa labor es la entrega de varias obras de adecuación en Sogamoso, Buga, Meta, Amazonas. Ese avance y esa mejora en la infraestructura, cuando hablamos de que la justicia llegue a todos, nos lleva a pensar en que la misma debe ser amigable con las personas en condición de discapacidad y amigable con el medio ambiente”.

• La Jurisdicción Disciplinaria comprobó que fue otro despacho el que recibió las versiones de alias ‘Rafa’ y alias ‘Bachiller’, quienes hicieron parte del frente Resistencia Motilona de las AUC.

• Así mismo, se estableció que los casos mencionados ante la Fiscalía 46 Delegada ante la Dirección Especializada de Justicia Transicional en Valledupar, fueron tramitadas por el ente acusador según la jurisdicción correspondiente.

Bogotá, D.C. 12 de febrero de 2025. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial archivó el proceso que se adelantaba contra la Fiscal 31 de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito de Justicia Transicional de Magdalena, quien fue denunciada por dos ex jefes paramilitares por no dar trámite a sus denuncias sobre actos de corrupción que involucraban a servidores públicos de los departamentos de Cesar, Magdalena, Bolívar, Norte de Santander y Santander.

Wilson Poveda Carreño, alias ‘Rafa’ Y Jiovannis Manuel Lobo Jaramillo, alias ‘Bachiller’, hicieron parte del frente Resistencia Motilona de las autodefensas, perteneciente al Bloque Norte, dirigido por Rodrigo Tovar Pupo, más conocido como ‘Jorge 40’.

Durante sus versiones libres como desmovilizados, relataron la manera como ese grupo armado se expandió a varios municipios con más de 600 integrantes, y cómo se enriquecieron a través de las extorsiones con cobros que iban de los 10 mil a los 200 mil pesos mensuales.

De acuerdo con esos testimonios, los ingresos por narcotráfico se intensificaron a partir de 2003, cuando alias ‘Monoleche’ habría llegado para identificar lugares estratégicos donde instalar cocinas y laboratorios.

En el marco de sus declaraciones ante las autoridades judiciales, los ex integrantes del frente Resistencia Motolina señalaron a varios funcionarios como presuntos colaboradores o beneficiarios de la organización criminal y el 19 de noviembre de 2020 presentaron una queja formal acusando a la Fiscal 31 de Justicia y Paz en Magdalena de no tramitar esas graves denuncias.

Sin embargo, la Jurisdicción Disciplinaria revisó detalladamente el devenir de los procesos, requiriendo respuesta de las Fiscalías Seccionales a quienes correspondía la investigación por reparto, según la jurisdicción en la que se desempeñaba cada funcionario mencionado por los declarantes.

Así por ejemplo, en el caso de un ex representante a la Cámara señalado de una presunta alianza con el grupo paramilitar y del homicidio de una ciudadana, se comprobó que la investigación fue asumida por la autoridad competente; sobre un exgerente del Hospital Nuestra Señora de la Candelaria de El Banco, Magdalena, también quedó claro que el caso fue asumido por la Fiscalía Quinta Especializada de Santa Marta; lo mismo pasó con uno de los gerentes del Hospital del municipio de Guamal, Magdalena.

Además, la Sala dual conformada por el Vicepresidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Carlos Arturo Ramírez Vásquez, y el magistrado Juan Carlos Granados Becerra, encontró que no fue el despacho de la Fiscal 31 de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito de Justicia Transicional de Magdalena el que había recibido el testimonio de los desmovilizados, sino que lo había hecho la Fiscalía 46 delegada ante la Dirección Especializada de Justicia Transicional de Valledupar.

Así las cosas y considerando que la Fiscal contra la cual fue interpuesta la queja no tenía responsabilidad y que los casos advertidos por alias ‘Rafa’ y alias ‘Bachiller’ fueron repartidos y tramitados, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó la terminación y archivo del proceso en favor de la funcionaria.

• La Comisión Nacional de Disciplina Judicial desestimó las pretensiones del accionante, al considerar que si bien pudo haber afirmaciones innecesarias de la Juez, no constituyen una conducta objeto de sanción.

• Los hechos sucedieron en el marco de una audiencia en la que se reclamó falta de preparación del ente acusador.

Bogotá, D.C. 11 de febrero de 2025. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió el recurso de apelación presentado por el Fiscal 22 de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cúcuta, contra la decisión de primera instancia que favoreció a la Juez Primera Penal Municipal Ambulante de Cúcuta, Heidy Vivian Polanía Franco.

La historia se remonta a abril de 2022, cuando el despacho de la investigada decidía la situación jurídica de dos personas sindicadas de hurto agravado y calificado luego de participar en el atraco a un bus de servicio público utilizando armas traumáticas y cortopunzantes. 

El 14 de ese mes se llevó a cabo la audiencia de legalización de captura, en el marco de la cual Polanía interrumpió en varias ocasiones al delegado de la Fiscalía para que aclarara las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habían ocurrido los hechos por los cuales se había producido la captura de ambas personas.

Aunque la Juez declaró ilegal la captura de los detenidos, decisión que fue recurrida por el Fiscal, cuatro días después, es decir el 18 de abril, se cumplió la audiencia de formulación e imposición de medida de aseguramiento, donde nuevamente la Juez interpeló al funcionario del ente acusador en más de una ocasión.

Según el quejoso, la disciplinada utilizó expresiones temerarias y groseras en su contra con el propósito de humillarlo y manifestar su desprecio por la forma como él se dirigía a su despacho, circunstancias que según él lo llevaron a elevar consulta ante la ARL por el impacto emocional ocasionado. Al respecto citó afirmaciones como: “usted anda más perdido que embolatado”, “ya me hace dar risa”, “no sé si es falta de experiencia, última oportunidad” o “Dios mío santo, qué voy a hacer con usted”.

La Jurisdicción Disciplinaria evaluó la situación a la luz de todos los elementos de prueba, incluida la grabación de las audiencias respectivas, y concluyó que la actuación de la Juez siempre estuvo encaminada a esclarecer de forma cronológica las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos investigados y determinar las situaciones jurídicamente relevantes para emitir un pronunciamiento asertivo.

De hecho, la juez Polanía Franco dejó constancia de múltiples requerimientos efectuados al Fiscal ante las dudas sobre el programa metodológico y las bases de una argumentación sólida, por cuanto al interior de las diligencias se estaban debatiendo aspectos que involucraban la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales -legalización de capturas, formulación de imputación y medidas de aseguramiento-, aspecto que requería de una sustentación suficientemente clara.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial concluyó que si bien se utilizaron expresiones en forma ligera y algunas de ellas innecesarias, desde un contexto general no constituyen una afrenta contra el Fiscal, ni dan lugar a la vulneración de sus derechos fundamentales, siendo no constitutivas de responsabilidad disciplinaria.

En ese orden de ideas, la Corporación, con ponencia de la magistrada Diana Marina Vélez Vásquez, confirmó la decisión de primera instancia en el sentido de absolver a la Juez Primera Penal Municipal Ambulante de Cúcuta, Heidy Vivian Polanía Franco.

Cabe señalar que, frente a esta decisión, expresaron salvamento de voto la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros y el magistrado Julio Andrés Sampedro Arrubla.

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• La Jurisdicción Disciplinaria encontró que la decisión violó el principio de subsidariedad, pues había otros mecanismos judiciales previos a la acción constitucional.

• Además, el pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones de los accionantes fue extemporáneo, según las conclusiones del proceso.

Bogotá, D.C. febrero 18 de 2025. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia respecto de la actuación de la Juez Primera Civil del Circuito de Valledupar, quien en octubre de 2019 suspendió el proceso de liquidación de la EPS SaludVida, ordenado mediante resolución de la Superintendencia Nacional de Salud.

El asunto está relacionado con la acción de tutela presentada por una ciudadana en defensa de los derechos de su hija menor de edad y de 33 pacientes más, algunos de ellos adultos mayores, y otros con enfermedades huérfanas y catastróficas.

Cabe señalar que el recurso de amparo constitucional fue sometido a reparto el 22 de octubre de 2019 y que el mismo día la juez lo admitió y concedió las medidas provisionales solicitadas, ordenando la suspensión del proceso de liquidación de la EPS.

La Superintendencia de Salud, impulsora de la causa disciplinaria contra la juez, alegó entre otras cosas, que esa decisión fue conocida por los medios de comunicación y por la antigua administración de SaludVida, antes que por el órgano de control, el cual argumentó que las fallas de atención eran consecuencia de situaciones anteriores a la toma de posesión de la EPS.

Sin embargo, el 14 de noviembre de 2019 se conoció la decisión de fondo sobre la tutela, donde el Juzgado daba cuenta de la violación a los derechos fundamentales de los pacientes y ordenaba:

• Adoptar las medidas pertinentes para garantizar desde SaludVida  la prestación continua y eficiente de los servicios de salud a las patologías que padecían los accionantes, hasta tanto se determinara la EPS que asumiría la atención de cada uno de ellos.
• Exhortar a la red de IPS que prestaba sus servicios a SaludVida para que se abstuvieran de asumir conductas que terminaran por imponer barreras a los usuarios.
• Vigilar la atención a los afiliados beneficiarios de la tutela por parte del Ministerio de Salud, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

No obstante lo anterior, la Superintendencia ripostó señalando que la Juez desconocía que las consecuencias de la decisión iban más allá de los 33 beneficiarios de la acción judicial, pues tenía efectos para todos los afiliados a la EPS, quienes ya estaban perjudicados por las falencias en la prestación de los servicios. Decisión que, tras la emisión de la sentencia de tutela, se volvió definitiva y sin un límite claro sobre su vigencia.

Y aunque el órgano de control presentó dos impugnaciones, el caso derivó en un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud y la Superintendencia, generándose un requerimiento que, según la entidad, fue nuevamente conocido por los demás actores antes de ser comunicado formalmente al Gobierno, llevando esto a otra medida de suspensión conocida el 21 de noviembre de 2019.

En su análisis, la Comisión de Disciplina Judicial estableció que la Juez Primera Civil del Circuito de Valledupar incurrió en faltas disciplinarias, toda vez que los accionantes contaban con un mecanismo judicial distinto para demandar el proceso de liquidación de la EPS ante la jurisdicción contencioso administrativa, con base en el principio de subsidariedad, que fue desconocido por la funcionaria.

Así mismo, determinó que para la decisión de fondo sobre la acción de amparo constitucional, hubo una mora en el trámite, pues se superaron los términos legales por más de 5 días para su respectiva resolución.

La Jurisdicción Disciplinaria indicó que si bien no se discute la independencia de la juez, sí está en entredicho el cumplimiento de las exigencias constitucionales al realizar juicios de control de legalidad sobre actos administrativos que correspondían a otra jurisdicción, al tiempo que no se entendía cómo si había un perjuicio irremediable e irreparable en la atención de los usuarios, mantuvo suspendida la intervención de manera indefinida en perjuicio de todos los afiliados a SaludVida EPS a través de una acción de tutela.

Por lo anterior, en fallo con ponencia de la magistrada Diana Marina Vélez Vásquez, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la decisión de primera instancia y le impuso a la Juez Primera Civil del Circuito de Valledupar una suspensión de 2 meses con inhabilidad especial para el mismo período.

Cabe señalar que, frente a esta decisión, expresaron salvamento de voto los magistrados Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo y Julio Andrés Sampedro Arrubla, y salvamento parcial del magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez.