Rama Judicial

• Así se estableció al resolver la queja de un ciudadano que reclamaba asignaciones salariales al Ministerio de Defensa.
• Mientras el jurista alegaba que no le habían pagado los honorarios, el cliente exigía el documento porque al final gestionó las acreencias de manera directa.

Bogotá, D.C. 4 de julio de 2025. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió la situación jurídica de un abogado que fue señalado de indiligencia procesal, retención de documentos y no expedición de paz y salvo, en el marco de una reclamación contra el Estado.

El origen de la actuación tiene que ver con una presunta deuda salarial del Ministerio de Defensa en favor de un ex miembro de las Fuerzas Militares en Caquetá, quien pretendía el reconocimiento de sus cesantías y otros ingresos, lo mismo que el 20 por ciento de incremento en su asignación básica al pasar de soldado voluntario a soldado regular.

Aunque en principio buscó a un abogado para que demandara a la Nación, al final decidió hacer una solicitud directa, la cual fue negada por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y la Coordinación de Obligaciones Litigiosas del Ministerio de Defensa, instancias que descartaron cualquier gestión a nombre del abogado.

De allí se desprendió una controversia en la que el cliente exigía la expedición de un paz y salvo por parte de su apoderado, mientras este afirmaba que le debía 2 millones de pesos por concepto de honorarios.

Fue entonces cuando el ex militar decidió acudir a la Jurisdicción Disciplinaria, la cual no encontró pruebas que demostraran la indiligencia del investigado, como tampoco el hecho de que hubiera retenido los documentos de su representado pues se los envió por correo certificado.

Pero lo más importante es que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en fallo con ponencia del magistrado Alfonso Cajiao, aclaró que no existe una norma que obligue a los profesionales a suscribir paz y salvos, pues estos se expiden cuando los interesados se encuentran al día en las obligaciones pactadas, y en tal sentido, cada jurista es autónomo para emitir este documento de acuerdo con las particularidades de cada caso, sin perjuicio de que pueda responder disciplinariamente por ejercer cualquier comportamiento que coaccione indebidamente a su cliente para su expedición.