Con la creación de juzgados itinerantes, la ley lleva la justicia a zonas con déficit de cobertura en la prestación del servicio de justicia.

La ley trae medidas para mejorar las condiciones de acceso para las poblaciones rurales, personas con discapacidad y comunidades vulnerables a través del diseño e implementación de un Plan Estratégico de Superación de Barreras, enfocado en garantizar que estas comunidades tengan un acceso efectivo y sin obstáculos a los servicios de justicia.

Las decisiones judiciales deben redactarse con un lenguaje claro y sencillo que facilite su comprensión por parte de los ciudadanos.

La reforma define cómo deben llevarse a cabo las convocatorias públicas y la elección de magistrados para las altas cortes en Colombia. Los puntos clave incluyen hacer públicos los procesos, permitir que la ciudadanía participe revisando los antecedentes de los candidatos, asegurar que el mérito sea un criterio esencial, y promover la paridad de género para que hombres y mujeres tengan la misma participación en la integración de las Cortes.

Esta reforma refuerza el Plan de Transformación Digital, haciendo irreversible el uso de herramientas tecnológicas para modernizar los servicios judiciales.

La ley busca fortalecer la transparencia y la rendición como pilares fundamentales del Consejo Superior de la Judicatura para mejorar la confianza de los ciudadanos en la justicia.

El Consejo Superior de la Judicatura tendrá la responsabilidad de ejecutar el plan nacional de descongestión y adoptar las medidas necesarias para garantizar una gestión eficiente y ágil en los despachos judiciales

La ley regula aspectos clave que rigen la relación laboral en la Rama Judicial, con el propósito de mejorar las condiciones de los servidores judiciales. Las modificaciones incluyen:

• Requisitos para el ejercicio de ciertos cargos
• Régimen de vacaciones
• Normas sobre abandono del cargo
• Procedimientos de traslado
• Licencias
• Provisión de cargos en caso de vacancias temporales

La reforma establece dos tipos de concursos para elegir a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial: uno de ingreso, abierto a todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos, y otro de ascenso, solo para quienes ya trabajan en la Rama Judicial. El Consejo Superior de la Judicatura se encargará de definir las reglas y etapas de estos concursos para garantizar un proceso justo y transparente.

La reforma mantiene y refuerza las funciones del Consejo Superior de la Judicatura como órgano de gobierno de la Rama Judicial, con una organización más volcada al seguimiento y evaluación de las políticas adoptadas para asegurar adecuadas condiciones en la prestación del servicio, el bienestar de los servidores judiciales y la debida atención a los usuarios. 

La ley establece un incremento anual del presupuesto de la Rama Judicial, con el objetivo de reforzar la independencia del sistema judicial y mejorar las condiciones laborales de los servidores.

El sistema de estadísticas se amplía para evaluar y mejorar la eficiencia de la administración de justicia. Esto permitirá que las decisiones se tomen con base en datos confiables, haciendo que el sistema judicial sea más eficiente y capaz de responder mejor a las necesidades de la ciudadanía.

La ley refuerza las funciones de la Comisión Interinstitucional, otorgándole nuevas responsabilidades, como la elección del Auditor de la Rama Judicial a través de un proceso de convocatoria pública. Además, la Comisión podrá emitir conceptos previos sobre temas relevantes para la administración de justicia, consolidando su papel en la supervisión y mejora del sistema judicial. Incluye a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial como parte activa de la comisión, con voz y voto. 

La ley incluye a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en las investigaciones y juicios sobre faltas disciplinarias y delitos llevados a cabo por el Congreso de la República.

Los despachos judiciales deben tramitar y resolver los casos en el orden en que llegan. Sin embargo, existen excepciones en las que ciertos casos deben ser atendidos con prioridad, sin importar el orden cronológico. Estos casos prioritarios incluyen:

• Situaciones de seguridad nacional.
• Casos que puedan afectar gravemente el patrimonio nacional.
• Graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
• Procesos de especial importancia económica o social.
• Casos de corrupción de servidores públicos.
• Asuntos relacionados con niños, niñas y adolescentes.